En nuestro paÃs residen en la actualidad en torno a cinco millones de ciudadanos extranjeros, de acuerdo con las estadÃsticas recogidas en el Instituto Nacional de EstadÃstica. La expulsión de extranjeros en España es un tema que se encuentra de candente actualidad, por lo que conviene estar al tanto del cuerpo legislativo que la regula y de los efectos que puede tener en las arcas estatales.
El proceso de expulsión de extranjeros en España
De acuerdo con las estadÃsticas oficiales que maneja el Gobierno, desde que naciera, hace algo más de 4 años, la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros, más de 46.000 personas han sido devueltas a sus paÃses de origen por una u otra causa. La Ley 4/1985 de 21 de marzo es la que rige este tipo de procesos, ya sean activos (un Estado soberano se dirige a otro para la entrega de un delincuente o infractor) o pasivos (entrega que el Estado soberano requerido hace del delincuente).
El tribunal Supremo establece que en caso de permanencia irregular (para entendernos, si la documentación del ciudadano no está en regla) se imponga la multa frente a la expulsión de los extranjeros en España.
En este caso, la expulsión se concibe como una medida que pueda sustituir las penas de prisión de menos de seis años o, en caso de ser superiores a dicha cifra, cuando el ciudadano extranjero haca cumplido tres cuartas partes de la pena.
La sanción incluye la salida obligatoria del territorio español, la prohibición de entrada durante, al menos, tres años (máximo de 10), asà como en todos aquellos estados con los que España haya firmado acuerdos de colaboración a este respecto.
La expulsión en cifras
Pese a que en este caso hablamos de personas, con vidas, rostros y familias detrás, parece oportuno hablar de las cifras y datos económicos que se mueven detrás de todo el proceso. De acuerdo con los propios datos del Gobierno publicados en el BoletÃn Oficial del estado (BOE), la partida económica destinada sólo a sufragar los vuelos que devuelven a los extranjeros expulsados a sus paÃses de origen rozó el año pasado los 12 millones de euros, entre 15 y 30 euros de coste per cápita.
La situación irregular, el trabajo sin autorización de residencia, la realización de conductas discriminatorias o contrarias a la seguridad exterior del Estado son algunas de las causas graves o muy graves que pueden justificar la expulsión de extranjeros en España.
